miercoles 14 agosto 2019

Familias divididas, evitar ir a hospitales... Las posibles consecuencias de la nueva normativa contra la inmigración legal en EEUU

A partir del próximo 15 de octubre, millones de inmigrantes que viven en Estados Unidos con una residencia legal (Green Card o visas) podrían verse afectados cuando entre en vigor la nueva reglamentación para la renovación de residencias que aprobó la Administración de Donald Trump esta semana. Pero esos efectos adversos podrían llegar aún más lejos, dividiendo a familias y ocasionando problemas de índole humanitario en el país, según estiman analistas y críticos.

La nueva norma es extensa y compleja. Tiene nada menos que 837 páginas de cambios y ha generado confusiones, incluso en el ámbito legal del país. En líneas generales, amplía el concepto de 'carga pública' para poder limitar el acceso a la residencia a un espectro mucho mayor de personas.

El término 'carga pública' ya era utilizado en inmigración para calificar a alguien del que el Gobierno tiene que hacerse cargo, ya sea por pobreza, problemas mentales o enfermedades crónicas. Ahora, el concepto incluye a todo inmigrante que recibe cualquier beneficio social por más de 12 meses, durante un periodo de 36 meses. Si alguien tiene dos beneficios, se cuenta como dos meses.

Eso permitirá que sean denegadas las tarjetas de residencia y las visas a los inmigrantes de bajos ingresos que reciban beneficios de asistencia pública como cupones de alimentos, cupones de vivienda, asistencia financiera (programas de Ingreso Suplementario del Seguro Social, Welfare) y de salud (Medicaid), a pesar de haber ingresado legalmente en Estados Unidos.

Además, la norma habilita a los agentes de inmigración a observar otros aspectos como el nivel de educación, la edad, el talento de trabajo y la salud del individuo para determinar la probabilidad de que vaya a necesitar ayudas públicas.

El abogado estadounidense Ricardo Rodriguez Vacas apuntó a EL MUNDO las complicaciones que podrá acarrear esta normativa, muchas más de las que la gente se imagina: "Podría tener un efecto humanitario, porque habrá gente que se limitará a la hora de ir a un hospital público o a pedir cualquier tipo de ayuda social por temor a no poder renovar su residencia. Por ejemplo, una madre que no tiene dinero y tiene que alimentar a sus hijos podría no acceder a las 'estampillas de comida' (ayudas) y hacer que su familia pase hambre, por temor a ser considerada 'carga pública'".

Además, Rodriguez Vacas indicó que la reglamentación "podría dividir a muchas familias mixtas, integradas por ciudadanos y residentes". Por ejemplo, un padre extranjero residente con hijos nacidos en Estados Unidos que utiliza las ayudas públicas, cuando renueve su estatus podría ser catalogado como carga pública y ser deportado.

Los defensores de los inmigrantes señalan que la normativa afectará gravemente a las personas con bajos recursos y que fue delineada para favorecer a las personas con más dinero. Anne Swerlick, del Florida Policy Institute, una ONG no partidista, afirmó al diario 'Miami Herald' que "discrimina a las familias inmigrantes que tienen ingresos más bajos y hace que les sea muy difícil solicitar tarjetas verdes y varios tipos de visas. Esto cambia fundamentalmente el enfoque de EEUU respecto de la inmigración".

Dos condados en California, el de Santa Clara y San Francisco, ya han demandado a la Administración Trump sobre las nuevas regulaciones señalando que darían más poder a los agentes federales para negar una residencia.

El argumento de los funcionarios federales fue que la regla "garantizará mejor que los extranjeros que buscan ingresar y permanecer en Estados Unidos, ya sea temporal o permanentemente, sean autosuficientes y dependan de sus propias capacidades y los recursos de los miembros de la familia, patrocinadores y organizaciones privadas en lugar de en recursos públicos".

Los asilados, refugiados, víctimas de trata y víctimas de violencia doméstica están exentos de ser considerados 'carga pública'. También están exentos los que se beneficiaron con la Ley de Ajuste Cubano, la Ley de Ayuda de Nicaragua y Centroamérica y la Ley de Equidad de Inmigración de Refugiados de Haití.

En Estados Unidos viven legalmente alrededor de 44.4 millones de personas nacidas en el extranjero, según datos del Pew Research Center, de los cuales más de 22 millones son residentes legales sin ciudadanía y tienen que renovar sus residencias para mantener su estatus legal.

El 63% de los hogares encabezados por un 'no ciudadano', según recogió el Census Bureau en 2014, utilizaron al menos un programa de asistencia social, en comparación con el 35% de los hogares encabezados por ciudadanos.

La razón principal por la que el uso de la asistencia social es tan alto entre los 'no ciudadanos' es que una proporción mucho mayor de ellos tiene niveles bajos de educación y, como resultado, suelen percibir salarios bajos. De todos los hogares de no ciudadanos, el 58% está encabezado por inmigrantes que no tienen más que la educación secundaria, en comparación con el 36% de los hogares de ciudadanos.

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